Leyes de viaje de "teléfono roto" en México

Al menos en la industria del turismo, hay una especie de "teléfono roto" a la legislación que la regula, y ahora parece que los diputados y organismos distintos al Ministerio de Turismo crean o fomentan regulaciones sin tomarlas en cuenta.

Este lunes me refiero aquí a un comunicado del Consejo Nacional de Negocios Turísticos (CNET), que preside Braulio Arsuagaexpresa sorpresa ante la iniciativa de reformar el art. 4 y 9 de la Ley General de Turismo, en cuya redacción no se incluyeron.

Si bien la iniciativa fue firmada por representantes del Partido Verde, el Ejecutivo muchas veces se apoya en representantes del Legislativo para impulsar la reforma legal, por lo que se ha sugerido que la Sectur buscó recuperar "dientes" para reclamar legalidad.

Situación que ya se ha dado en el pasado y que tuvo consecuencias indeseables pues favoreció diversos actos de corrupción.

Sin embargo, la Sectur no solo no está involucrada en el caso, sino que su departamento legal ya revisó la iniciativa y la encontró técnicamente mal formada.

De aprobarse, dicen los abogados de la dependencia, la reforma podría no ser exigible bajo la ley general de turismo porque según la ley en cuestión, establecida en el art. 2, no hay supuestos sobre recaudación, cuotas y atribuciones.

Además, la Sectur no tiene las facultades en esta materia que le corresponden al Tesoro Público, de conformidad con el art. 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El asunto sin duda llegó a la Sectur a través del Ministerio del Interior, que cuenta con un Sistema de Gestión Legislativa diseñado para identificar nuevas normas que afecten a las distintas dependencias para sus puntos de vista.

Como sabéis, el turismo es una actividad que se ve afectada transversalmente por muchas cuestiones, como la económica, laboral, policial, medioambiental, energética, cultural, educativa y sanitaria, entre muchas otras.

Entonces, la Sectur se pronunció directamente en contra de la iniciativa, donde incluso CNET expresó su sorpresa porque, como dijo carmen juliasu director general, ninguna instancia los buscaba.

Tal situación no es aislada, por ejemplo, la semana pasada el Ministerio del Trabajo, que está a cargo Alcaldesa Luisa Maríapublicó un Acuerdo por el que se establecen criterios para el control de la subcontratación relacionada con los servicios turísticos y hoteleros.

Como consecuencia de los cambios realizados en torno a los denominados externalización que tendrá un impacto en los costos de las empresas turísticas y donde no ha habido interacción entre las autoridades y las empresas.

rosario grahamseguramente el principal experto en el campo de la legislación turística en México dijo a este espacio que, ni legalmente ni en términos de comunicación, se ha logrado una integración efectiva, lo cual es especialmente preocupante en el turismo con dicha transversalidad.

Él creía que el principal riesgo era que una legislación aparentemente inocua generaría costos excesivos que afectarían la competitividad de las empresas de viajes, mientras que podría ser examinada y reconsiderada antes de ser promulgada como ley.

Al menos vale la pena saber que la iniciativa del Partido Verde de reformar la Ley General de Turismo encuentra la oposición no solo de CNET, sino incluso del propio Ministerio de Turismo.